Por: HM. Alba Lucia Velásquez Hernández
Los derechos políticos de las personas transgénero son derechos fundamentales que promueven la igualdad y la inclusión en la vida política y pública. Estos derechos representan una garantía y protección legal, que aseguran la igualdad de oportunidades y participación en los procesos políticos y gubernamentales, así como en la toma de decisiones en la sociedad.
Es relevante destacar que la situación de los derechos políticos de las personas trans puede variar sustancialmente de un país a otro. Algunos países han implementado leyes y políticas avanzadas que protegen los derechos de estas personas, mientras que, en otras naciones, estas protecciones pueden ser limitadas o inexistentes. La lucha por la igualdad y los derechos políticos de las personas trans son unos objetivos constantes en muchas partes del mundo y está respaldada por movimientos de derechos humanos y activistas en favor de la igualdad de género.
Colombia ha avanzado en la protección de los derechos de las personas trans. La Corte Constitucional de Colombia continúa evolucionando y ha emitido una serie de sentencias a lo largo de los años que han reconocido y garantizado sus derechos, incluyendo el derecho al cambio de nombre y sexo en documentos de identidad e incluso es el único país a nivel mundial que permite este cambio hasta por dos oportunidades. Estas decisiones han establecido precedentes que buscan eliminar requisitos excesivos o discriminatorios para el cambio de identidad de género en documentos, entendiendo que esta identidad se conforma por los componentes de nombre y sexo en las cédulas de ciudadanía y en general en los NUIP lo que resulta muy importante porque la identidad es fundamental para el ejercicio de los derechos políticos.
La decisión de la Corte Constitucional colombiana ha abierto la puerta al reconocimiento legal de la identidad diversa, lo que resulta altamente importante, porque mantiene la integridad del sistema electoral haciéndolo inclusivo y garantiza el ejercicio pleno de sus derechos de manera justa, equitativa y accesible, máxime si se tiene en cuenta que los requisitos de identificación pueden convertirse en un elemento para profundizar la discriminación.
La Corte Constitucional colombiana, estableció el reconocimiento jurídico a la identidad de género diversa y estableció la salvaguardia cualificada contra la discriminación, disponiendo que el acceso a la identidad de género como un derecho fundamental, que lleva implícito el derecho al cambio de género en documentos sin requisitos excesivos y declaró inconstitucionales las normas que impedían este cambio. La Sentencia SU440 de 2021 de esta corte determinó que “el derecho fundamental a la identidad de género es el derecho que le asiste a toda persona de (i) construir y desarrollar su vivencia de género, de manera autónoma, privada y libre de injerencias y (ii) reivindicar para sí la categoría identitaria que mejor represente su manera de concebir la expresión de tal identidad.”
La organización electoral de Colombia compuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, ha tomado medidas y han realizado acciones en línea con las de decisiones de la Corte Constitucional de Colombia y la legislación para garantizar los derechos políticos de las personas trans. Ambas entidades han llevado a cabo campañas y programas de concienciación sobre la igualdad y la diversidad de género, con el objetivo de fomentar un ambiente inclusivo y respetuoso en los puestos de votación y otros lugares relacionados con procesos electorales.
La Registraduría ha establecido procedimientos que hace posible que las personas trans cambien su nombre y sexo en los NUIP para que los documentos de identificación como las cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad, reflejen su autopercepción.
El CNE emitió la Resolución 3480 de 2020 que orienta las acciones de las entidades para promover el voto trans y evitar la discriminación el día de las elecciones. Esta resolución insta a la capacitación de funcionarios, acciones que han venido desarrollándose en concurrencia con ONG como Caribe Afirmativo, MOE Colombia. El CNE está promoviendo la participación de grupos históricamente marginados, con campañas de cambio cultural sobre la importancia del voto y la participación en la política, así como programas de capacitación. Además, apoya políticas y programas destinados a combatir la discriminación, así como las expresiones de transfobia en la política y en la sociedad en general.
Este protocolo también se propone implementar acciones donde se exige a los estamentos del Estado responsables de la logística electoral, actuar en forma adecuada para la gestión del voto trans en el día de los comicios electorales, de tal forma que aquellos obstáculos típicos que afrontan sean erradicados y que su identidad no constituya una causal para impedir su derecho al voto. El protocolo incluye la prohibición a los testigos electorales que hagan presencia en las mesas de votación de solicitarle a los jurados de votación que apliquen procedimientos adicionales para confirmar la identidad de las personas trans.
Es necesario avanzar con mayor determinación en la concreción de los derechos políticos, garantizando que las personas trans puedan registrarse y votar bajo el género con el que se identifican, sin importar lo que diga su documentación legal. Deben establecer medidas para proteger la privacidad y la confidencialidad de las personas trans al votar, de manera que no se revele su identidad de género sin su consentimiento.
En Colombia, se han simplificado los requisitos para la identificación en el momento de votar, lo que significa que se aceptan identificaciones que no coincidan con la identidad de género de la persona. Las autoridades electorales y las organizaciones de derechos humanos a menudo trabajan juntas para educar a la ciudadanía sobre los derechos de las personas trans en el proceso de votación y la promoción un ambiente inclusivo en los centros de votación.
A pesar de los avances, persisten desafíos en la lucha por la igualdad y la no discriminación de las personas trans en la sociedad y la política. Sin embargo, es fundamental seguir trabajando para garantizar que las personas trans en Colombia puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y participar en los procesos democráticos de manera igualitaria.
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