El artículo 265 de la Constitución Política de 1991, impone la Consejo Nacional Electoral, la función suprema de regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, como organizaciones que potencian la democracia. En virtud de esta competencia constitucional, nos corresponde promocionar la cultura democrática, fortalecer la participación política, promover la confianza ciudadana y trabajar por el reconocimiento institucional, como objetivos estratégicos adoptados por la entidad.
Para promocionar la cultura democrática, este despacho se ha comprometido en el desarrollo de acciones que permitan el reconocimiento plural de las diferencias, la defensa de las libertades y el ejercicio pleno e igualitario de los derechos humanos, para lograrlo avanza en dos metas importantes: el mejoramiento de los estándares de la democracia y el fortalecimiento de una democracia inclusiva.
Apostamos al mejoramiento de los estándares de la democracia impulsando el diseño de una metodología para identificar, prevenir y atenuar fenómenos sociales y otros que afecten la democracia y avanzamos en el fortalecimiento de una democracia inclusiva, participativa y sostenible, con actividades para la promoción de la igualdad de género, apuestas para enfrentar la Violencia Contra Mujeres en Política, y dinámicas para proteger y promover la participación política efectiva de personas trans, de personas con discapacidad (PcD) y de jóvenes.
Fortalecer la participación política, le atribuye al CNE la obligación de vincular a la ciudadanía con los asuntos públicos, no como espectadores sino como actores en el proceso de construcción de la democracia, para tal efecto debe proveer de manera clara, sencilla y oportuna el acceso a toda la información que le permita cumplir este cometido, lo que desde el despacho definimos como el intercambio de distintas voces.
Para promover la confianza ciudadana debemos, y así lo hacemos, garantizar la existencia de mecanismos de inspección, vigilancia y control de procedimientos que aseguren a la ciudadanía que actuamos con probidad, transparencia, imparcialidad y legalidad.
Trabajar por el reconocimiento institucional es un camino que ya empezó su recorrido con la autonomía lograda desde la presidencia de la Magistrada Fabiola Márquez y cuya implementación ha sido abanderada por el Magistrado Alfonso Campo, con el compromiso de toda la Sala plena. En este proceso por el reconocimiento institucional, nuestro despacho acompaña los “Diálogos por la democracia” y las visitas a municipios y ciudades muy bien denominadas: “El CNE en el territorio”, apuestas que, desde el despacho hemos apoyado con tres temas importantes en este proceso: I) Violencia contra las mujeres en política, II) Protocolo del voto trans y III) Ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos plenamente.
Es necesario establecer un diálogo directo con la ciudadanía para que potencie su capacidad de decidir sobre los asuntos que los afectan en su propio territorio y su capacidad para decidir libremente, quien lo representa.
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